Startups en Venezuela: régimen jurídico y propuesta de nueva ley
Startups en Venezuela: régimen jurídico actual y propuesta de una nueva ley inspirada en el modelo brasileño
Venezuela necesita pasar de una ley general de emprendimiento a un marco moderno para empresas innovadoras: reglas societarias flexibles, inversión segura, experimentación regulatoria, simplificación fiscal y aduanera, protección de activos intangibles y contratación pública de innovación.
Idea central. Una startup no es simplemente una empresa pequeña ni cualquier emprendimiento reciente. Es una organización diseñada para desarrollar una solución innovadora, validar un modelo de negocio repetible y crecer con rapidez en condiciones de incertidumbre. Esa dinámica exige un derecho capaz de ofrecer seguridad sin ahogar la experimentación.
Recomendación legislativa. La Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos de 2021 debería ser sustituida o reformada integralmente mediante una nueva ley que reconozca de forma expresa la realidad de las startups y adopte, con adaptación venezolana, instituciones presentes en el Marco Legal de las Startups de Brasil.
1. Por qué las startups son jurídicamente distintas de los emprendimientos tradicionales
La palabra emprendimiento comprende una realidad amplia: desde una actividad comercial de subsistencia hasta una empresa consolidada que inicia una nueva línea de productos. La startup, en cambio, se distingue por la innovación aplicada a un producto, servicio, proceso o modelo de negocio; por la búsqueda de escalabilidad; por el uso intensivo de conocimiento, tecnología o datos; y por una estructura financiera que suele depender de aportes sucesivos de capital antes de alcanzar rentabilidad estable.
Esta diferencia no es meramente académica. Una empresa tradicional puede crecer de forma lineal mediante ventas y crédito bancario. Una startup suele financiar una etapa de descubrimiento: desarrolla un producto mínimo viable, prueba hipótesis, cambia de estrategia si el mercado lo exige y busca multiplicar usuarios sin aumentar sus costos en la misma proporción. El riesgo tecnológico y comercial es alto, pero también lo es su capacidad potencial de crear empleos especializados, exportar servicios, modernizar industrias y atraer inversión.
En Venezuela, estas empresas pueden contribuir a diversificar una economía históricamente concentrada en la actividad petrolera. Ya existen oportunidades evidentes en medios de pago, comercio electrónico, logística, software, agrotecnología, educación digital, salud, energía, turismo y servicios profesionales exportables. Sin embargo, la innovación no elimina el derecho aplicable. Una solución digital puede quedar sujeta simultáneamente a normas mercantiles, tributarias, laborales, cambiarias, de consumo, propiedad intelectual, telecomunicaciones, banca, seguros, mercado de valores, aduanas o protección de datos, según su funcionamiento real.
2. Base constitucional: libertad económica, propiedad e intervención estatal
El punto de partida se encuentra en la Constitución venezolana. El artículo 112 reconoce el derecho de todas las personas a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, dentro de las limitaciones constitucionales y legales justificadas por razones como el desarrollo humano, la seguridad, la sanidad, la protección ambiental o el interés social. A su vez, el artículo 115 garantiza el derecho de propiedad y, con ello, la posibilidad de usar, disfrutar y disponer de bienes materiales e inmateriales.
Estos derechos sustentan la creación de empresas, la celebración de contratos, el aporte de capital, la explotación de tecnología y la apropiación legítima de los resultados de la innovación. No son, naturalmente, derechos absolutos. El Estado conserva facultades de regulación, fiscalización y sanción. La cuestión decisiva es que la intervención sea legal, razonable, proporcional y previsible. Cuando las cargas administrativas son ambiguas, cambiantes o desproporcionadas, el emprendedor no puede calcular costos, el inversionista eleva su percepción de riesgo y los proyectos tienden a permanecer informales o a estructurarse fuera del país.
Por eso, un marco para startups debe conciliar dos intereses legítimos. Por una parte, debe proteger al consumidor, la competencia, la estabilidad financiera, los datos personales, los trabajadores, el ambiente y la recaudación. Por otra, debe preservar espacios reales para crear, probar y escalar soluciones. La regulación inteligente no equivale a ausencia de control; significa graduar las exigencias conforme al riesgo, al tamaño y a la etapa del proyecto.
3. La Ley venezolana de Emprendimientos de 2021: avances y vacíos
La Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.656 del 15 de octubre de 2021. Su objeto es promover nuevos emprendimientos y una cultura emprendedora orientada a diversificar la producción de bienes y servicios e incorporar innovaciones al desarrollo económico y social. Es un paso institucional relevante porque reconoce el emprendimiento como asunto de política pública.
La ley comprende actividades económicas lucrativas en fase inicial, desarrolladas por una o más personas, y organiza un Registro Nacional de Emprendimientos. La inscripción se vincula con el acceso a beneficios y con una condición jurídica temporal; transcurrido el período previsto, el proyecto debe adoptar una figura contemplada en el Código de Comercio u otra legislación aplicable e inscribirse en el Registro Mercantil. También contempla orientaciones de financiamiento, formación, acompañamiento, simplificación y participación en espacios de promoción.
El problema es que buena parte de sus beneficios depende de posteriores decisiones administrativas, programas públicos, incentivos o mecanismos de ejecución. La ley tampoco construye un estatuto integral para startups. No ofrece una definición técnica de empresa innovadora y escalable, no crea un tipo societario flexible, no regula con detalle instrumentos de inversión temprana, no establece una protección clara para quien aporta capital sin convertirse todavía en accionista y no articula un régimen general de sandbox regulatorio.
Además, limitar la fase emprendedora a un plazo breve puede ser insuficiente para empresas que requieren investigación, autorización sectorial o varios ciclos de prueba antes de alcanzar escala. Una startup de biotecnología, servicios financieros o energía puede necesitar años para validar su tecnología y obtener permisos. El factor tiempo debería combinarse con criterios de ingresos, innovación, independencia empresarial y etapa de desarrollo.
Otro vacío consiste en la relación entre la personalidad o condición otorgada por el registro emprendedor y las figuras mercantiles ordinarias. Para contratar, abrir cuentas, recibir inversión, emplear trabajadores y responder ante terceros se necesitan reglas inequívocas sobre patrimonio, representación, responsabilidad, contabilidad y extinción. Una nueva ley debe eliminar zonas grises, no crearlas.
4. El contexto venezolano exige formalización con incentivos verificables
El ecosistema emprendedor venezolano combina creatividad con fragilidad. Muchos proyectos nacen como respuesta a la reducción del empleo formal o a la necesidad inmediata de ingresos. Otros aprovechan la digitalización de pagos, ventas y servicios acelerada en los últimos años. Esa vitalidad no siempre se traduce en empresas formalizadas, financiables y duraderas.
La informalidad no se corrige únicamente imponiendo registros y sanciones. Se reduce cuando la formalización produce ventajas concretas: trámites coordinados, plazos ciertos, costos razonables, acceso a cuentas y medios de pago, posibilidad de contratar con el Estado, mecanismos de inversión comprensibles y estabilidad tributaria. Si una empresa formal soporta múltiples declaraciones, retenciones, anticipos, contribuciones parafiscales y permisos desconectados entre sí desde su nacimiento, la ley puede terminar castigando precisamente a quien decide cumplir.
También es esencial reconocer la dimensión exportadora. Una startup venezolana puede producir software o prestar servicios desde Venezuela para clientes extranjeros. Esa operación requiere claridad contractual, tributaria, cambiaria y bancaria, además de reglas aduaneras cuando se importan equipos, prototipos, componentes o bienes destinados a investigación y desarrollo. La política de emprendimiento debe conectarse con facilitación del comercio exterior y no permanecer aislada en un registro.
5. Estructuras societarias: por qué las formas tradicionales pueden quedarse cortas
Las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada previstas en el derecho mercantil venezolano siguen siendo vehículos utilizables. El problema no es su invalidez, sino la rigidez práctica que puede presentarse cuando una startup necesita incorporar sucesivas rondas de inversión, emitir clases de participaciones con derechos distintos, instrumentar opciones para el talento, convertir aportes futuros en capital o modificar rápidamente su gobierno.
La respuesta no debe consistir en importar mecánicamente una figura extranjera. Venezuela necesita una forma societaria simplificada, de constitución digital, responsabilidad limitada y amplia libertad estatutaria, inspirada en experiencias como la sociedad por acciones simplificada. Esa figura debería permitir un accionista único, reuniones remotas, firma electrónica, diferentes clases de acciones, capitalización progresiva, libros digitales, reglas claras de exclusión y retiro, y procedimientos ágiles de reorganización o cierre.
La simplificación no debe confundirse con opacidad. El vehículo tendría que conservar identificación del beneficiario final, contabilidad adecuada, prevención de legitimación de capitales, controles de conflicto de intereses y responsabilidad por fraude. Lo que se propone es reducir formalidades que no agregan protección, manteniendo aquellas que sí previenen abusos.
6. Gobierno corporativo y pacto de accionistas
Una startup puede comenzar con dos amigos y una idea, pero si pretende recibir capital externo debe funcionar como una organización verificable. El gobierno corporativo define quién decide, quién ejecuta, qué información se reporta, cómo se vigilan los riesgos y cómo se resuelven los conflictos. En las primeras etapas, la estructura puede ser sencilla; a medida que ingresan inversionistas debe crecer de forma proporcional.
Decisiones reservadas
Presupuesto, endeudamiento relevante, emisión de nuevas acciones, venta de activos esenciales, cambio de actividad, operaciones con partes relacionadas y nombramiento de directivos.
Información y control
Reportes financieros, indicadores del negocio, acceso razonable a documentos, calendario de juntas, gestión de riesgos y deberes de lealtad y diligencia.
Entrada y salida
Derechos de preferencia, restricciones de transferencia, acompañamiento del minoritario, arrastre en una venta total y mecanismos frente a bloqueo societario.
Talento y activos
Vesting, permanencia de fundadores, confidencialidad, no competencia dentro de límites válidos y cesión a la sociedad de tecnología, código, diseños y marcas.
Los estatutos fijan la arquitectura pública de la sociedad. El pacto de accionistas desarrolla reglas privadas entre sus firmantes. Debe regular mayorías ordinarias y calificadas, derechos de información, protección contra dilución, futuras rondas, valoración, incumplimientos, solución de controversias y escenarios de salida. Las cláusulas de tag-along permiten que los minoritarios acompañen una venta en condiciones equivalentes; las de drag-along facilitan una venta integral cuando se alcanza la mayoría pactada.
El vesting hace que el derecho económico sobre acciones u opciones se consolide gradualmente. Su objetivo es evitar que un fundador o colaborador abandone tempranamente el proyecto conservando toda una participación concebida para remunerar años de trabajo. En Venezuela puede diseñarse contractualmente, pero requiere coordinación cuidadosa con los estatutos, el derecho laboral, las formalidades societarias y el tratamiento tributario.
7. Financiamiento: capital, instrumentos convertibles y protección del inversionista
Una startup necesita distinguir entre capital, deuda y derechos convertibles. La inversión directa mediante acciones convierte al aportante en accionista desde la formalización correspondiente. Una nota convertible parte de una obligación que puede transformarse en participación al producirse una ronda o evento pactado. Un SAFE concede el derecho a recibir participación futura bajo condiciones de conversión, normalmente asociadas a un descuento o a un límite de valoración, sin funcionar necesariamente como préstamo tradicional.
Estos instrumentos no deben usarse mediante plantillas extranjeras sin adaptación. Hay que determinar su validez bajo el derecho venezolano, quién puede emitirlos, cómo se contabilizan, cuál es su tratamiento fiscal, qué autorizaciones requiere la operación y cómo se ejecutará la conversión. También debe evitarse que una captación privada de inversión se transforme, por su publicidad, número de destinatarios o estructura, en una oferta pública sometida a regulación del mercado de valores.
Cuando los inversionistas internacionales exigen una sociedad tenedora en otra jurisdicción, la decisión debe responder a una evaluación integral y no a la promesa genérica de “pagar menos impuestos”. Deben revisarse sustancia económica, beneficiario final, precios de transferencia, fuente y destino de los fondos, convenios para evitar doble tributación, obligaciones informativas, sanciones internacionales, prevención de legitimación de capitales y reglas aplicables en cada país. Delaware, Panamá, Barbados, Islas Caimán o Islas Vírgenes Británicas ofrecen características diferentes; ninguna es universalmente correcta.
8. Cumplimiento tributario, municipal y parafiscal
La innovación no suspende las obligaciones fiscales. Una startup formal debe obtener y mantener actualizado su Registro de Información Fiscal, llevar contabilidad y libros exigibles, emitir documentos fiscales válidos, presentar declaraciones y atender retenciones. Según sus hechos económicos, puede quedar sometida al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto a las grandes transacciones financieras, al impuesto a los grandes patrimonios y a regímenes especiales de anticipos o retenciones.
En el ámbito municipal pueden concurrir licencia y tributo sobre actividades económicas, publicidad comercial, inmuebles urbanos y otras tasas o contribuciones. La ubicación digital del negocio no elimina necesariamente el nexo territorial: deben revisarse el domicilio fiscal, el lugar donde se presta el servicio, el establecimiento permanente, la ubicación de trabajadores y clientes y las reglas de atribución de ingresos.
A ello se suman obligaciones parafiscales que pueden depender de la nómina, los ingresos, el sector o el tamaño: seguridad social, vivienda, capacitación, ciencia y tecnología, deporte y otras contribuciones creadas por leyes especiales. La planificación correcta no consiste en ocultar operaciones, sino en identificar anticipadamente el hecho imponible, aprovechar beneficios legales documentables, separar fondos para pagos y construir un calendario de cumplimiento.
Una nueva ley de startups debería establecer incentivos automáticos, temporales y medibles. Podría contemplar simplificación de declaraciones durante la etapa inicial, umbrales razonables, compensación rápida de créditos fiscales, depreciación acelerada de equipos de investigación, deducciones por inversión en innovación y estabilidad de beneficios durante un plazo definido. Todo incentivo debe ser compatible con los principios constitucionales de legalidad, igualdad y capacidad contributiva.
9. Aduanas y comercio exterior: innovación también significa importar y exportar
Las startups tecnológicas no son siempre negocios sin mercancías. Para desarrollar prototipos pueden importar servidores, sensores, equipos de laboratorio, drones, dispositivos médicos, componentes electrónicos o maquinaria especializada. Cada operación exige clasificación arancelaria, determinación del valor en aduana, origen, permisos, restricciones, tributos de importación y documentación de transporte. Un error temprano puede inmovilizar equipos esenciales, generar ajustes, multas o pérdida de beneficios.
La nueva legislación debería crear un canal aduanero para investigación, desarrollo e innovación. Este podría permitir admisión temporal simplificada de prototipos, despacho acelerado de muestras sin valor comercial, garantías proporcionales, expedientes digitales y coordinación en una ventanilla única. No se propone una exención indiscriminada, sino un régimen trazable para bienes identificados y vinculados a proyectos calificados.
En las exportaciones de servicios y software deben examinarse los contratos, la prueba de prestación, la facturación, el ingreso de divisas y la localización del aprovechamiento económico. Para bienes físicos, además, deben planificarse Incoterms, transporte, seguros, certificaciones técnicas, propiedad intelectual, controles de exportación y reglas de origen. La asesoría tributaria y aduanera debe integrarse desde el diseño del modelo, no cuando la mercancía ya está retenida o la operación fue facturada incorrectamente.
10. Cumplimiento laboral, seguridad social y protección del usuario
La cultura flexible de una startup no convierte automáticamente a todo colaborador en contratista independiente. Si existen prestación personal, subordinación y remuneración, puede configurarse una relación laboral con las consecuencias previstas en la legislación. Deben revisarse contratos, jornada, salario y beneficios, estabilidad, seguridad social, vivienda, capacitación y seguridad y salud en el trabajo.
El trabajo remoto y la contratación internacional añaden preguntas sobre ley aplicable, residencia fiscal, protección de información, propiedad del producto desarrollado y establecimiento permanente. Los acuerdos con programadores, diseñadores y consultores deben identificar entregables, aceptación, confidencialidad, seguridad, licencias de componentes de terceros y cesión de derechos patrimoniales cuando corresponda.
Frente al usuario, la empresa debe suministrar información clara sobre precio, características, condiciones de contratación, renovaciones, garantías, reclamos y tratamiento de datos. Los términos y condiciones no sustituyen el consentimiento informado ni pueden eliminar derechos imperativos. Si el modelo utiliza decisiones automatizadas, crédito, seguros o custodia de fondos, las explicaciones y controles deben ser todavía más rigurosos.
11. Regulación sectorial: especial atención a fintech y servicios digitales
Una fintech no es cualquier aplicación que muestre información financiera. El análisis debe reconstruir el flujo operativo: quién recibe el dinero, en qué cuenta se mantiene, quién ordena la transferencia, si existe crédito, cambio, custodia, inversión, seguro o intermediación y cómo se remunera cada participante. Dependiendo de la respuesta, pueden intervenir autoridades bancarias, de valores, seguros, criptoactivos, competencia, consumo o telecomunicaciones.
Antes de lanzar se recomienda elaborar un mapa regulatorio y una matriz de permisos. También deben implementarse identificación y conocimiento del cliente cuando aplique, monitoreo de operaciones, ciberseguridad, continuidad, atención de incidentes, conservación de evidencia y contratos con proveedores críticos. La tecnología puede tercerizar funciones, pero no necesariamente transfiere la responsabilidad regulatoria.
12. Propiedad intelectual y datos: el activo que debe pertenecer a la empresa
En muchas startups, el activo principal no es un local ni una máquina: es el código fuente, el algoritmo, la base de datos, la marca, el diseño, la documentación, el secreto empresarial o el conocimiento acumulado. La protección comienza determinando quién creó cada elemento y bajo qué contrato. Si el software fue desarrollado antes de constituir la sociedad o por un contratista externo, no debe presumirse que la empresa adquirió todos los derechos.
La legislación venezolana protege los programas de computación mediante derecho de autor. Aunque la protección surge con la creación, el registro puede servir como elemento probatorio. Los contratos deben delimitar entregables, código fuente, documentación, componentes de código abierto, garantías de originalidad, mantenimiento, licencias y cesión de derechos patrimoniales. La marca y los lemas comerciales deben buscarse y registrarse tempranamente ante el organismo competente, pues el nombre de dominio o el usuario en redes sociales no sustituyen el derecho marcario.
Los datos requieren un programa de gobernanza propio. La empresa debe saber qué recolecta, para qué lo usa, con quién lo comparte, cuánto tiempo lo conserva y cómo responde ante accesos indebidos. Incluso en ausencia de una ley general venezolana tan desarrollada como otros sistemas, la privacidad, el hábeas data, la confidencialidad contractual, la protección del consumidor y normas sectoriales imponen deberes relevantes. Si se atienden usuarios de otros países, pueden aplicarse reglas extranjeras por el mercado al que se dirige el servicio.
13. Qué aporta el modelo brasileño
Brasil aprobó la Ley Complementaria número 182 del 1 de junio de 2021, conocida como Marco Legal de las Startups y del Emprendimiento Innovador. Su valor comparado no reside en que todas sus reglas deban copiarse, sino en que organiza dentro de un mismo marco asuntos que la legislación venezolana trata de forma fragmentaria.
Primero, define a las startups por la innovación aplicada al modelo de negocio o a los productos y servicios, y combina esa cualidad con límites objetivos. El régimen brasileño toma en cuenta ingresos brutos, una antigüedad máxima de diez años y la declaración de innovación o la inscripción en un régimen especial. Esta fórmula es más precisa que identificar todo emprendimiento con una empresa de muy corta duración.
Segundo, reconoce expresamente que un aporte puede o no convertirse en participación societaria. Enumera opciones, instrumentos convertibles, sociedad en cuenta de participación e inversión ángel, y dispone que el inversionista solo pasa a ser socio después de la conversión formal. También limita, salvo dolo, fraude o simulación, la extensión automática de las deudas empresariales al inversionista que no ejerce gestión. Esa previsibilidad es crucial para movilizar capital temprano.
Tercero, habilita ambientes regulatorios experimentales. Un sandbox permite que la autoridad sectorial autorice temporalmente la prueba de un modelo innovador bajo condiciones, duración, límites, usuarios y controles definidos. No es una zona sin ley: es un espacio supervisado para obtener evidencia antes de imponer el régimen definitivo.
Cuarto, usa la contratación pública para resolver problemas mediante innovación. La Administración puede describir el desafío y los resultados esperados sin imponer de antemano una única solución técnica. Luego puede contratar pruebas con riesgo tecnológico y evaluar el potencial de la propuesta, su desarrollo, viabilidad y costo. Este enfoque transforma al Estado en comprador inicial de soluciones útiles sin renunciar a competencia, transparencia ni evaluación.
Quinto, facilita que determinadas obligaciones de inversión en investigación, desarrollo e innovación se canalicen hacia fondos, programas y startups bajo supervisión. De este modo, la política pública conecta recursos privados, innovación empresarial, universidades, fondos y necesidades públicas.
14. Propuesta para una nueva Ley venezolana de Startups e Innovación
Venezuela debería reformar integralmente o sustituir la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. El nuevo texto no tendría que limitarse a declarar intenciones. Debe producir derechos, procedimientos y consecuencias jurídicas directamente aplicables.
La adaptación venezolana debe cuidar el reparto constitucional de competencias y la reserva legal tributaria. Los incentivos nacionales no pueden borrar automáticamente tributos municipales ni competencias regulatorias. Por eso se necesita coordinación institucional, acuerdos de interoperabilidad y normas armonizadas, no una promesa genérica de “cero trámites”.
15. Ruta jurídica práctica para una startup que opera en Venezuela
Mientras se produce una reforma legislativa, los fundadores deben trabajar con el derecho vigente. Una ruta prudente comienza por describir el modelo real y no solamente el discurso comercial. Luego se identifican permisos, impuestos, contratos, activos y riesgos.
Diagnóstico
Producto, clientes, canales, flujos de dinero, jurisdicciones, datos, tecnología, proveedores, personal, importaciones y exportaciones.
Estructuración
Tipo societario, estatutos, pacto de accionistas, beneficiario final, capital, gobierno, holding si está justificada y plan de inversión.
Implementación
Registros, permisos, contratos, marca, propiedad del software, facturación, contabilidad, nómina, seguridad y controles internos.
Seguimiento
Calendario tributario y regulatorio, actas, reportes a inversionistas, auditoría de contratos, incidentes, renovaciones y cambios del modelo.
La debida diligencia debe prepararse desde el inicio. Un inversionista serio revisará la tabla de capitalización, actas, estatutos, contratos, propiedad intelectual, litigios, permisos, impuestos, nómina, privacidad y estados financieros. Corregir años de desorden antes de una ronda resulta más costoso y puede reducir la valoración o frustrar la inversión.
16. Conclusión
La Constitución ofrece una base para la iniciativa privada y la propiedad, y la ley venezolana de 2021 reconoció la importancia del emprendimiento. Sin embargo, una startup con vocación de escala necesita mucho más que inscripción y programas de apoyo: requiere una estructura societaria adaptable, contratos de inversión reconocibles, gobierno corporativo, protección de intangibles, cumplimiento proporcional y vías reales para probar soluciones reguladas.
El modelo brasileño demuestra que es posible reunir definiciones, inversión, sandbox y compra pública innovadora en un marco coherente. Venezuela debe tomar esas herramientas como referencia, ajustarlas a su Constitución, sistema tributario, competencias municipales, realidad financiera y necesidades de comercio exterior. La reforma más útil será aquella que transforme la seguridad jurídica en una ventaja competitiva y convierta la formalización en una decisión económicamente racional.
Hasta que esa reforma ocurra, la asesoría preventiva es decisiva. El abogado de una startup no debe limitarse a constituir la compañía: tiene que comprender el producto, anticipar la regulación, ordenar la relación entre socios, documentar el capital, proteger la tecnología y coordinar los aspectos tributarios, aduaneros, laborales y contractuales del crecimiento.
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Fuentes normativas oficiales consultadas
Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.656 del 15 de octubre de 2021.
Ley Complementaria número 182 del 1 de junio de 2021 de Brasil. Marco Legal de las Startups y del Emprendimiento Innovador.
Nota jurídica: este artículo tiene fines informativos y no sustituye una opinión legal adaptada a los hechos, sector, jurisdicciones y documentos de cada proyecto. Las normas y criterios administrativos pueden cambiar.
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